Nuestra Constitución política, consagra en su artículo 1° la obligación imperativa para que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos.  Ahora bien, no sólo las autoridades tienen que conocer los derechos humanos, sino también cualquier operador jurídico; pensemos que sólo se puede reclamar aquello que…